jueves, 5 de febrero de 2009

CENSURA Y ATAQUES A PERIODISTAS.CASO CONTRALÍNEA

¿En qué podemos ver el desarrollo y la cultura de un país sino en su tolerancia a las ideas?, sin embargo lo gobiernos extremistas se han dejado ver por sus actitudes dictatoriales y de cerrazón, admitieno sólo sus ideas e imponiendo por el bien de sus ciudadanos.Hoy no es ya Carmen Aristegui- que nuevamente se encuentra su voz en la radio-, hoy no es Ricardo Rocha, tampoco es Monitor hoy es la revistaContralí nea que ha sido perseguida por el gobernador de Sonora Eduardo Bours.Hoy la censura la vive Miguel Badillo director de Contralínea -de quien alguna vez conocí en una entrevista de trabajo-, junto con él se encuentra detenido Ana Lilia Pérez reportera de la misma revista.Espero que no por ser un medio no tan conocido como Proceso, La jornada porque sus periodistas no son tan reconocidos como Carmen Aristegui, Ricardo Rocha, Lydia Cacho entre otros, se les llegue a dejar de lado.Saludos

Analistas, académicos y comunicadores deMéxico y del orbe condenan el uso del Poder Judicial contra la libertadde expresión y el periodismo de investigación.Las constantes agresiones contra periodistas, la reciente detención de Miguel Badillo, director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas, y la orden de aprehensión contra la reportera Ana Lilia Pérez despertaron indignación y censura en México y el mundo. Durante el primer semestre de 2008 se registraron 95 ataques contrainformadores: 30 agresiones físicas, 16 amenazas, seis asesinatos,cuatro atentados, nueve aprehensiones, cuatro cateos y tres levantones (Contralínea 117).
Figuraspolíticas, defensores de los derechos humanos, asociaciones civiles einformadores alertan que con estos actos no sólo se coarta la libertadde prensa, sino el acceso de la sociedad a la información. Por ello,reprueban la violación de garantías individuales y el abuso de poder delas autoridades, pues amenazan el libre ejercicio periodístico.
Alreferirse a la detención de Badillo –por cometer un supuesto “desacatoa mandato judicial”–, el académico Sergio Aguayo Quezada señala que lademocracia mexicana es “imperfecta y subdesarrollada, por lo que ladefensa de derechos como el de la libertad de expresión es muy brutal”.
El especialista estima que no existen controles y quien tiene más poder tiene mayor capacidad para defender sus intereses. E ltambién activista de los derechos humanos añade que quienes representanla defensa por los derechos sociales son quienes “han llevado la peorparte en la reacción de los poderosos”. Sin embargo, apunta que no hay más alternativa que seguir luchando, aunque en esa democracia imperfecta ocurre que los organismos que deberían tutelar esos derechos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), funcionan para muy poco”. AguayoQuezada –quien promovió el derecho a saber en torno al verdadero resultado de las boletas electorales de 2006 y se amparó ante el PoderJudicial para evitar la destrucción de esos documentos– considera que,pese a la debilidad de la CNDH, la reacción de una parte del gremioperiodístico demuestra que está dispuesto a defender la libertad de expresión: “Prueba que en México existe una base social que permite la defensa de ciertos derechos y de ciertas libertades”.El columnista reflexiona que “es terrible cuando uno se ve acosado y perseguido: hay una sensación de impotencia y de agobio que se atenúa cuando viene la solidaridad de los colegas. Contralínea es un ejemplo del hostigamiento al que están sujetos los periodistas y medios de comunicación y, al mismo tiempo, de la capacidad que tenemos si no para derrotar totalmente estas amenazas, sí al menos para expresar solidaridad”.No obstante, Aguayo menciona que los periodistas siguen siendo víctimas potenciales para el abuso permanente y no se debe dejar de llamar la atención sobre este hecho. Considera que la detención de Badillo obedece a que Contralínea “señaló los intereses creados, que desde siempre han existido en México, entre esas para estatales y lasempresas privadas. La reacción, cuando se tocan intereses creados, esla que están padeciendo; eso tiene que ver con la corrupción que permeala vida mexicana y a la que se suma la inoperancia de los órganosdefensores de los derechos humanos”. Aguayo explica que en un sistema judicial corrupto habrá igualmente esa procuración de justicia ineficaz para proteger a los ciudadanos. “Setrata de un Estado timorato frente a intereses creados, e ineficaz, porque estamos ante un gobierno más preocupado en atender a los empresarios que en defender a sus ciudadanos”.Enrelación con las demandas civiles interpuestas por el Grupo Zeta Gas yOceanografía por supuesto daño moral en contra de esta publicación ysus periodistas, Ernesto Villanueva, especialista en el derecho a lainformación, dice que “con estas medidas inhibitorias, se buscan acotarlos márgenes de información de la propia revista”.Parael académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de laUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la detención fue un ejercicio abusivo. “Envían como mensaje a la sociedad que existenpersonajes intocables, lo que es poco afortunado para la libertad deexpresión.
Hay que condenar este tipo de actividades; no sólo es un asunto personal contra el director de Contralínea, sino contra quienes ejercen seriamente el periodismo”. Advierte que éste no debe ser visto como un caso aislado, sino como un reflejo de la judicializació n de la vida periodística. Para el también impulsor de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la vidaprivada debe tener primacía. No obstante, menciona que “la toleranciade personajes y servidores públicos cada día es menor, mientras son máslos temas de interés público”.Sugiereque, como en el pasado, “se reitere la importancia de la libertad deexpresión, sobre todo cuando se tratan temas de interés que involucranservidores y personajes públicos”.Parael exdiputado federal Jesús González Schmal, con la despenalizació n delos delitos contra el honor, se trasladó al Código Civil “uninstrumento perverso de persecución a la libertad de expresión”. Quien presidiera la comisión especial para investigar los negocios de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, comenta queuna reglamentación mal formulada en el Código Civil es una expresión de intimidación para los periodistas.
Ofensiva desde el poder.
El17 de enero, en gira de trabajo por Carichi, Chihuahua, Andrés ManuelLópez Obrador, excandidato a la Presidencia de la República, calificó de injusta la detención de Badillo. Advirtióque este tipo de actos no deben ser permitidos. Llamó a los comunicadores, quienes denuncian actos de corrupción, a no dejarse intimidar por las amenazas del gobierno, pues “no van a lograr su propósito. Yo les digo a todos los luchadores sociales que sigan adelante”.
La lectura de Alfredo Jalife Rahme sobre la detención del director de Contralínea apunta a una intimidación; “forma parte de una venganza personal deFelipe Calderón” y una respuesta a la abierta declaración de Badillo sobre la entrega a Andrés Manuel López Obrador de los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño con Petróleos Mexicanos (Pemex). “Eso es muy fuerte –califica– y, por menos, matan”. El también miembro de la Federación Internacional de Médicos para laPrevención de la Guerra Nuclear, que en 1985 mereció el Premio Nobel dela Paz, aconseja “no bajar la guardia, sino pasar a la contraofensiva,porque el arresto es lo micro y, a mi juicio, lo macro es amedrentar”.Prevéque el entorno para el ejercicio del derecho a la libertad de expresiónpodría endurecerse desde el poder político: “Por un lado, permiten elregreso del programa de Carmen Aristegui, pero lo que más les molestaes el periodismo de investigación, el cual siempre llega a Los Pinos,pues aporta datos duros, que ellos ponen en tela de juicio”. Elanalista observa un escenario de endurecimiento para la prensa mexicanacomo un efecto de la recesión estadunidense, ya que podría llegar unacrisis social en aquel país que se extendería a México, por su profundaintegración con Estados Unidos. Observa que vendría mayor “cerrazón” yla libre expresión sería sacrificada: “En ese contexto marcaría el granaviso contra ustedes”.La“sombra de esa intolerancia” sería la detención de Miguel Badillo y eldesplegado que se generó desde Jalisco en contra de los análisis deJalife Rahme, experto en geopolítica, “de donde vendrán otros pasoscontra la libertad de expresión”.Parael abogado Jesús González Schmal, es inconcebible un atropello como ladetención de Badillo, pues nunca fue requerido para un procesojudicial. Ello, sostiene, es una violación a las garantías previstas enlos artículos 14 y 16 de la Constitución.Expresa que es posible que tras la demanda de Jesús Alonso Zaragoza López esté “la mano negra de otros personeros del gobierno, que lo están usando para esepropósito”. No descarta que “puedan ser las graves revelaciones que hahecho Contralínea de los magnates en el gobierno lo que puede estar desatando esta persecución”.Además,asegura que “quienes creemos en el régimen de derecho y en la libertadde expresión, y hemos sido testigos del extraordinario servicio a laverdad que ha dado Contralínea a nuestro país, no podemos sino protestar enérgicamente contra tales modos de operar la justicia mexicana”.Elespecialista en reservas petroleras, economista e historiador, FabioBarbosa Cano, se pronuncia contra lo que llama “el atentado contraMiguel Badillo”. Expresa que “es insoportable la prepotencia delgobierno, la hipocresía de los perredistas y el grado de sometimientodel llamado Poder Judicial”.Eltambién académico del Instituto de Investigaciones Económicas de laUNAM y asesor del Senado de la República en temas energéticos se dio ala tarea de transmitir de motu proprio la información sobrela detención de Badillo entre organizaciones de trabajadores yprofesionales petroleros de México y el extranjero, en virtud de quelos reportajes de Contralínea documentan irregularidades ydeficiencias en la paraestatal Pemex, que inciden en su ámbito laboraly en la defensa de los recursos del país.RaúlBenítez Manaut, especialista en temáticas de seguridad nacional, teoríamilitar y resolución de conflictos, manifestó su preocupación por laejecución de esa orden de aprehensión y su solidaridad al equipoeditorial, al tiempo que resaltó la gravedad del hecho.Repercusión globalTanpronto trascendió entre las organizaciones periodísticasinternacionales la privación de la libertad de Miguel Badillo, comenzóa fluir la preocupación por su seguridad y por la dureza de la medidaavalada por el gobierno.Red Voltaire–organizació n dedicada al análisis de las relaciones internacionales,dirigida por el periodista francés Thierry Meyssan– abordó el caso enuna nota titulada “Delitos flagrantes”: “El periodista Miguel Badillofue detenido por la policía bancaria mexicana. Ha sido objeto deprocesos judiciales por parte de la empresa Multigas, una filial delGrupo Zeta Gas. En virtud de la orden de un juez de Guadalajara, elcolaborador de Red Voltaire fue internado en prisión porpublicar una serie de artículos y documentos que sustentan un vastosistema de tráfico de influencias, que implica a altas personalidadesde México”.Entretanto,Rosa María Holguín, representante en México de la FederaciónLatinoamericana de Periodistas (Felap), lanzó la alerta por la amenazaa la libertad de expresión que significó la sanción administrativacontra Badillo. De inmediato, ese llamado tuvo eco en todo elhemisferio. Se recibió en la Unión de Trabajadores de Prensa de BuenosAires, en el Sindicato de Periodistas de Paraguay, en la FederaciónNacional de Periodistas de Brasil, en la agencia noticiosa PrensaLatina y en la Unión de Periodistas de Cuba.Tambiénse sumaron a la alerta los colegios de periodistas de Nicaragua;Colombia; sección Santander y Pichincha, Ecuador; así como lasasociaciones de periodistas de Guatemala y Perú, que se pronunciaron enestos términos: “Alerta-LE. Hostigamiento judicial al director de Contralínea y Fortuna;policías lo detienen en la ciudad de México”. El anuncio establecióque: “La figura de daño moral es utilizada para censurar e intimidar lalabor de investigación periodística sobre temas de interés público”.EnEuropa, Suzanne Crooy Kristensen, oficial administrativa de laorganización Apoyo Internacional a los Medios, con sede en Copenhague,Noruega, respondió de manera expedita a la noticia y ofreció laasistencia inmediata de la instancia para apoyar la defensa de ambosperiodistas.Asu vez, el medio digital de la organización cultural Kaosenlared –en elque se expresan personas y organizaciones de la izquierdaanticapitalista– divulgó la denuncia entre lectores de Cataluña, EuskalHerria (Vasconia), Andalucía, Galicia, Madrid, Extremadura, Terrassa yComarca, España, y de Francia y Portugal.La información, con el título “Repudio a la detención del periodista Miguel Badillo Cruz”, reiteró la condena contra este hecho.Tambiénla Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex)rechazó y condenó el hecho. Por medio de un comunicado, demandó el cesea las agresiones contra informadores en todo el país. La declaraciónfirmada por Roberto Piñón Olivas, presidente del organismo, y TeodoroRentería Arróyave, vicepresidente de la Felap, asienta que lasautoridades resultan expeditas al momento de ejercer presión eintimidación contra los periodistas y los medios de comunicación.Lasorganizaciones defensoras de periodistas se dicen preocupadas por “laregresión de autoridades y particulares que buscan recovecos legalespara amordazar a la prensa, ante la desaparición de los delitos dedifamación y calumnia, buscando otros tipos jurídicos para ejercer larepresión”.Durante la entrevista realizada a Ana Lilia Pérez, en la emisión radiofónica Entérese con Teodoro Rentería,del 16 de enero, Piñón Olivas exigió la intervención del presidenteFelipe Calderón para respetar la “de por sí lastimada libertad deexpresión”. Calificó la situación como delicada, pues con anterioridadla Fapermex había denunciado las agresiones de Grupo Zeta Gas.Indignación de periodistasDesde México hubo plumas y voces que también desaprobaron el hecho. Bajo el título “Miguel Badillo Cruz, Contralínea,Zeta Gas y Pemex”, Federico Arreola examina los entretelones delarresto al director de esta revista. En su columna publicada en El Sendero del Peje, el fundador del diario Milenio se expresa en estos términos: “(Badillo) Ha realizado, durante losúltimos 15 años, algunos de los más importantes trabajos deinvestigación que haya difundido el diarismo mexicano”.El también fundador del diario Reforma menciona que “personas económicamente pujantes y bien conectadas con elprimer círculo del gobierno federal se sintieron con la fuerza y lainfluencia necesarias para lanzarse en contra de un periodista derecursos modestos”.Humberto Musacchio, en su columna La república de las letras, publicada el 19 de enero en el diario Excélsior,apunta que la actitud de los jueces “que se prestan para perseguir yreprimir a quienes se atreven a ejercer la libertad de expresión y acumplir su función de hacer públicos los asuntos públicos” representauna amenaza para el gremio.Ese mismo día, durante la emisión de La red de Radio Red,el periodista Sergio Sarmiento opinó: “En caso de que la informaciónfuera incorrecta, hay legislación en contra de la calumnia, que es laatribución falsa de delitos, pero buscar la detención de un periodistapor publicar una entrevista que se concedió, me parece inaceptable, másperseguirlo por realizar investigaciones” .Miguel Ángel Granados Chapa en su programa radiofónico Plaza Pública, del 19 de enero, calificó de aberrante la decisión del juez José Manuel Pérez León, quien falló en contra del director de Contralínea y Fortuna y de la reportera Ana Lilia Pérez, el 30 de mayo de 2008, en la demandapromovida por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López.Expuso que este caso es semejante a la sentencia por daño moral que recibió Alfredo Rivera Flores, autor del libro La sosa nostra,quien fuera demandado por el diputado federal Gerardo Sosa Castelán.“No podemos –aseguró– admitir que se violente la libertad deinformación y expresión y el acceso a la información del público, pordenuncias y demandas de carácter civil, que buscan preservar interesestorcidos, particulares, frente al interés general”.

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