El monólogo

Porfirio Muñoz Ledo
5 de septiembre de 2009


La ausencia de Calderón en la apertura de sesiones, a más de ser un desacato constitucional, evidenció el divorcio entre los poderes y el colapso del régimen presidencial. Signó la esquizofrenia política y la parálisis institucional que nos ahogan.
El espectáculo monárquico montado al día siguiente en Palacio reprodujo el monólogo del antiguo régimen. Los invitados de hoy reemplazan el aplauso lisonjero de los parlamentarios de ayer y el duopolio electrónico provee, como siempre, su amplificador servil. Una restauración teatral del Estado.
Exhibió además el estado de sitio que nos degrada: la utilería armada que acompaña al Ejecutivo como una jaula para protegerlo de la ciudadanía. Se invitó a los legisladores genéricamente, pero a pocos se les aceptó. Los que decidieron presentarse para leer un escrito fueron golpeados: varías garantías constitucionales violentadas de un solo golpe.
El primer actor llama a una “alianza entre los que conformamos los poderes”, aunque a los parlamentarios no los escuche y físicamente los agreda. Es inverosímil que pretenda pactar con quienes se empeña en romper relaciones y ofrezca transformaciones que competen al Congreso. Salvo que nos estime personeros de los convidados que lo rodearon.
En olvido de la pesadilla sudada durante tres años, el mensaje fue remedo de una toma de posesión. Lo que informa es falso, banal y sin referentes. Recuerda aquella frase imperial: “Soy responsable del timón, mas no de la tormenta”. También, la picardía popular que le respondió: “No importa el tipo de cambio sino el cambio de tipo”.
Tono inconsecuente con la minoría política a que lo confinaron los electores. Absurdo convocar a un “cambio de fondo” desde un sitial vacío de autoridad. La palabra “dimisión” es equivalente a renuncia, aunque admite el matiz de “abandonar una cosa que se posee”. La solicité para poder formar un gobierno de mayoría que hiciera frente a la catástrofe.
El sexenio ya terminó y encallamos en un peligroso interregno. Insta sin embargo a “quitarle el freno al cambio” a quienes no se lo pusimos. La propuesta sería procesable si supiéramos qué quiere y no disfrazara tras ampulosas frases modestos ajustes y modificaciones “estructurales”—hermanas menores de las que instalaron la crisis.
El decálogo de ocasión es tan vago como equívoco. No ofrece mecánica de realización, que habría de transitar por un programa global consensuado y un conjunto de iniciativas concatenadas. Él mismo y su partido han rechazado durante un decenio las reformas institucionales y la sustitución del modelo económico que el país demanda.
Si ahora las aceptan, habría que precisarlas. Por ejemplo, si es un cambio de rumbo, ¿qué significa “lucha frontal contra el crimen en el respeto al estado de derecho”? ¿Acaso mantener el Ejército en las calles, contrariando la Constitución? O tal vez estableciendo una comisión de la verdad que desnudara las alianzas entre el crimen y el poder.
¿A dónde alcanza “una reforma política de fondo”? ¿Qué comprende “una nueva generación de reglas electorales” y “una mejor relación entre los actores políticos”? Las propuestas del 2000 no han sido adoptadas ni refutadas. El oneroso ejercicio de 2007 dejó sin aprobación más de un centenar de iniciativas fundamentales.
La legislación por goteo sería un suplicio de tóntolos. La tarea es integral y debe incorporar a la inteligencia y la sociedad. Propuse un debate urgente e informado para analizar las causas y posibles salidas del hundimiento económico. Su sede sería el Legislativo, quien debiera dictar después las transformaciones correspondientes.
La reforma del Estado exige de determinación y método. Bien encomendando el proyecto a una instancia especializada del Congreso, como había sido acordado, o bien convocando a una Asamblea Constituyente. Lo demás es vacua palabrería.
Diputado federal (PT)

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45495.html

URGE REVOCARLE EL MANDATO A CALDERON ANTES QUE ACABE CON MÉXICO

Porfirio Muñoz Ledo
Bitácora republicana
30 de enero de 2009
Golpismo constitucional Al despuntar el año se abrió el debate sobre una cuestión jurídica de inmensa trascendencia y actualidad: el sistema de sustitución del presidente de la República. Prominentes congresistas y destacados juristas se pronunciaron, pero súbitamente entrevistas ya realizadas dejaron de publicarse. A pesar de que los voceros parlamentarios advirtieron que el tema "no lleva dedicatoria" , "ni debe ser tabú", sino que es parte de la pospuesta reforma institucional, la discusión fue silenciada. El epitafio fue la declaración del presidente del Senado en el sentido de que "no es un problema fundamental para el país". Como asegura Diego Valadés: "La doctrina mexicana ha tratado este asunto de manera muy superficial" , por considerarlo "espinoso" y por las implicaciones palaciegas que tiene. Es consecuencia de la "cultura política del Tlatoani, ya que éstos no sólo son intocables e infalibles, sino imperecederos, cuando menos durante seis años".Durante nuestra trayectoria constitucional nos hemos dado las soluciones más diversas y circunstanciales. En 1824 se estableció la vicepresidencia, cuyo titular era quien había ocupado el segundo lugar en la contienda y por tanto fuente natural de conspiraciones. Las constituciones de 1836 y 1843 la suprimieron, dejando al Senado la tarea de nombrar al interino, obviamente del mismo partido.En 1857, al cancelarse esa cámara, quedó la suplencia en el presidente de la Suprema Corte —electo por el mismo método que el Ejecutivo—, de donde derivó la legitimidad de Benito Juárez a la renuncia de Comonfort. En reformas sucesivas de 1876, 1882 y 1896, la eventual suplencia fue rotando del presidente del Senado al secretario de Relaciones, al de Gobernación o al que la ley designara, hasta que el Congreso nombrase el definitivo.La Constitución de 1917 suprimió la suplencia automática y dejó al Poder Legislativo la tarea de elegir, según el caso, al provisional o al interino, según estuviese o no reunido el Congreso. Si la falta ocurriese durante los dos primeros años, se procedería a convocar nuevas elecciones, pero si fuese posterior el suplente fungiría como sustituto y completaría el mandato.Esa temporalidad no fue modificada a pesar de la ampliación del periodo presidencial a seis años. Se confirmó más tarde que si la falta ocurriese en los últimos cuatro años, el designado por el Congreso permanecería en el encargo. Grave precedente de un largo ejercicio del Ejecutivo por acuerdo político y al margen de la soberanía popular.Concluida la hegemonía de un solo partido, el sistema resulta altamente riesgoso. Mientras no se pongan de acuerdo los grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría de dos tercios, la Presidencia estaría acéfala. Algunos proponen un método de votaciones decrecientes —muerte súbita— y otros sugieren volver a la suplencia automática.Recordando su vivencia de mandatario, Miguel de la Madrid propone la restauración de la vicepresidencia. Sostiene que gobernó en "angustia permanente", pensando que, como el Ejecutivo se deposita en una sola persona, si ésta falta desparece todo un poder. Carpizo considera "nefasto olvidar y repetir ese error", y sugiere en cambio una suplencia temporal a cargo del presidente del Senado.Ambas propuestas corresponden a la tradición estadounidense, que reúne los dos cargos en un mismo individuo. Hay otra, adelantada por la CERE en el 2000: que la suplencia recaiga nuevamente en el presidente de la Corte, entendido como un "encargado del despacho, cuya función primordial sería organizar las elecciones de modo imparcial y en el plazo más breve".Lo esencial es que el único reemplazo democrático es el que decidan los ciudadanos en las urnas. Recordemos que ésta se produce por cualquiera de las causas previstas: renuncia, muerte, incapacidad, pero también desafuero, juicio político y —en su caso— revocación de mandato. Según el actual sistema, podría ocurrir que dos partidos decidieran remover al Ejecutivo y sustituirlo por otro. Una suerte de "golpismo constitucional" .La sola posibilidad de que suceda convierte al presidente en rehén de sus potenciales verdugos. En ello reside el arma secreta del PRI y la clave de su ansiada jefatura de gabinete. Así lo reconoce Emilio Gamboa, cuando sostiene que apoyaron a Calderón en su toma de protesta "para evitar una crisis constitucional" .Lo hicieron para cohonestar la violación del sufragio, someter al Ejecutivo a su merced y recuperar en la maniobra el terreno perdido por el rechazo ciudadano. Es, pues, gracias a la pequeñez de unos y la mala fe de otros que ha naufragado la reforma del Estado y, con ella, la solvencia de las instituciones políticas.

La `yunquisición´

Porfirio Muñoz Ledo
Bitácora Republicana
12 de septiembre de 2008
El oscurantismo obedece reglas inmutables. Opuesto en el origen a que
se difundiese el conocimiento entre la gente, proscribe el debate de
las ideas, sataniza al adversario y sostiene sobre la ignorancia el
edificio jerárquico. Reacciona frente a lo desconocido con
lapidaciones verbales y suele conjurar sus fantasmas por la
liquidación física.

En el aniversario del 2 de octubre, convendría revisar los coléricos
denuestos que el poder sembró entonces para configurar la
"desestabilización del régimen". Los macartistas de hoy podrían
inspirar también sus voraces plumas en la verba sagrada de la
inquisición, cuyos crímenes mayores están llegando a su bicentenario.
Podrían revisar la mampara de la exposición conmemorativa que recoge
algunos calificativos endilgados a Miguel Hidalgo: "monstruo
fabuloso", "insigne facineroso", "príncipe de los malditos",
"frenético delirante", "desnaturalizado", "ministro de Satanás",
"sedicioso diabólico", "hereje formal", "ex sacerdote, ex cristiano,
ex americano y ex hombre".
Las expresiones son dignas de la imaginería medieval: "capataz de
salteadores y asesinos", "injerto de animales dañinos", "libertino de
ciencia pagana", "perverso de soberbia luciferina", "blasfemo engañado
por el espíritu maligno", "caribe idólatra que con sangre humana se
saborea". Seguidas de este catálogo de congéneres: "escolástico
sombrío, émulo de Voltaire", "anticristo, semejante a Luzbel, Adán,
Mahoma y Napoleón". A pesar de los libros de texto, es difícil la
emulación de los héroes y algunos la juzgarían arrogante. También es
arduo igualarlos en el calvario de la difamación. Así lo asumí cuando
el gobierno me recetó enconadas injurias a finales de los 80 por la
enorme "traición" de haber promovido el fin del sistema de partido
hegemónico y la instauración del pluralismo político.
Me rociaron ferozmente cuando desafié -mediante simple interpelación-
la sagrada investidura presidencial y en ocasión de haber formado la
primera mayoría de oposición en la Cámara. Soeces fueron las ofensas
que me enderezaron antiguos compañeros al calor de mi renuncia al PRD,
motivada por las mismas desviaciones que sus enterradores exhiben hoy
en plenitud. Las diatribas de estos días suman y multiplican las
anteriores. Despliegan una colección antológica y acumulativa, atizada
por el ánimo vesánico de la derecha y la vulgaridad de un poder sin
escrúpulos en el uso de la libertad de expresión. No alcanzarían las
barandillas -judiciales o electrónicas- para ejercer el derecho de
réplica y denunciar la calumnia.
Pongo a disposición de los lectores las infamias. Baste evocar
algunas: "lenguaje sedicioso", "peligroso y golpista", "conspirador
revolucionario", "agorero del desastre", "talibán amarillo",
"derrocador con odio, rencor y resentimiento", "restaurador del PRI
autoritario", "pieza del tablero insurreccional", "fascistoide",
"pirómano", "salinista", "tarabilla protofascista", "perdonavidas",
"convenenciero", "oportunista", "farsante" y "mancuerna infernal de
AMLO". Las referencias personales son abundantes: "decadente, burdo y
en decrepitud política", "alucinación etílica", "locuaz", "pasado de
moda", "fanfarrón, daltónico, estorboso, rajón", "saltimbanqui",
"camaleónico, veleidoso y megalómano", "patriota de pacotilla", "sin
decoro político", "mercenario", "advenedizo, servil y desleal",
"títere", "temerario", "cómplice del narcotráfico". Y para rematar:
"prematura senilidad", "oráculo de la revocación y avejentado
Catilina".
En palabras del ideólogo Krauze: "Se cree profeta: llega al ocaso de
su vida prendiendo fuego al edificio institucional que él mismo
contribuyó a crear". Y del sicario Hiriart: "Busca enturbiar el
ambiente para entrar al poder por la puerta de atrás"; "que el país
caiga en una espiral de ingobernabilidad y violencia para quedarse con
los despojos de la nación". Decía André Gide que no ofende el que
quiere, sino el que puede. No han ido más lejos porque, pese a la
"conspiración" que denuncian, no han encontrado evidencias de
insurrección ni vínculos con la banda de La Flor. Preparan el terreno
de la represión, último recurso para la entrega del petróleo al margen
del orden constitucional.
Surgen a su pesar voces sensatas y opiniones calificadas que convocan
a la reforma de las instituciones y a la reconstrucción del consenso
nacional. Renace penosamente la esperanza social de cambio. Es nuestro
deber alentarla hasta el último día. Diremos con el sabio: y sin
embargo, se cae.

"When one person suffers from a delusion it is called insanity. When
many people suffer from a delusion it is called religion." R. Pirsig

El Mito Sexenal

En la Bitácora Republicana del aguerrido Porfirio Muñoz Ledo, se plantea que el Senado revoque el mandato presidencial de Felipe Calderón, mediante el juicio político previsto por el artículo 11 Constitucional; este planteamiento podría contar ya con la mayoría parlamentaria, sumando a los insubordinados del PAN, a raiz del escándalo de Creel.

Porfirio Muñoz Ledo
Una de las características atribuidas a la posmodernidad es la evaporación de los mitos. En el paraíso prometido del fin de las ideologías, todo proyecto colectivo anterior al pensamiento lineal estaba destinado a desparecer. Una sola verdad habría de emerger del vientre de la globalización y toda novedad en la esfera de las costumbres sería permisible.
En el debate sobre la iniciativa petrolera, la denuncia del “mito nacionalista” se ha convertido en trinchera del entreguismo. Una falange de alquilones intenta descalificar a los defensores de la soberanía con el argumento de que estamos anclados en una anacrónica fijación patriotera. Ignoran que el gran mito hoy abolido es el neoliberal y que el nacionalismo se reafirma en todas partes, empezando por EU. Los heraldos de la “modernización” han rechazado no obstante la revisión de nuestro marco constitucional y de los prejuicios políticos heredados del antiguo régimen, como la duración fatal de los mandatos por todo el periodo para el que fueron electos sus titulares.
Hablar de la suspensión constitucional de un encargo público parece una herejía o un llamado sedicioso. Quien lo propone es denunciado como golpista.
Nuestro país vivió durante largo tiempo obsedido por la estabilidad política. La fragilidad de los gobiernos posteriores a la Independencia fue causa y efecto de asonadas, revueltas, guerras civiles e intervenciones extranjeras. También del recurso al hombre indispensable. “Gobiernos sietemesinos” los llamaba José Iturriaga en referencia a su promedio de su duración.
La restauración de la República fue en rigor la refundación del Estado. Pero la seguridad y permanencia de éste se confundieron con las del gobierno y las del presidente que lo encabezaba. De otro modo no se explican las reelecciones de Juárez ni las de Díaz o la de Obregón. Tampoco la violación sistemática del sufragio a pesar de haber sido causa primordial de la Revolución.
La institucionalización del régimen en los años 30, a más del establecimiento de un partido hegemónico, tuvo como pivotes la indiscutida supremacía presidencial, la estricta rotación de sus titulares y la autonomía política del sucesor respecto de quien lo puso en el cargo. Así se construyó el mito presidencial, que sus críticos llamaban “monarquía sexenal”. Se entronizó la impunidad y el mandatario fue convertido en mandante, ya que el ejercicio de su función quedó al margen de toda sanción, durante su desempeño y después de éste.
La Constitución de 1917 estableció la suspensión del mandato de los ayuntamientos por los congresos locales y de los poderes de los estados por el Senado, pero nada semejante para los poderes federales.
Las únicas puertas entreabiertas son el juicio político y la renuncia “por causa grave”.
El artículo 108 establece que “el Presidente sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, y el 111 que deberá hacerse ante la Cámara de Senadores.
Sin embargo, no es claro si se trata de una declaración de procedencia, con lo que perdería el fuero y podría ser juzgado por los tribunales, o bien de “infracciones políticas” que ameritan directamente la pérdida del cargo.
El modelo anglosajón del impeachment (literalmente “bochorno”), cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, acarrea sanciones administrativas y penales.
En la tradición europea, según sostenía el maestro Jean-Jacques Chevalier, la sanción es eminentemente política y se relaciona con desviaciones ostensibles del poder o faltas contra las leyes fundamentales del Estado.
Algunos juristas sostienen que debiera extenderse a la responsabilidad patrimonial y a la violación de la Constitución.
¿Qué sentido tendría la obligación contenida en el artículo 87, relativo a la protesta de “guardar y hacer guardar la Constitución y desempeñar leal y patrióticamente el cargo del Presidente de la República”?
Tratándose de un requisito constitutivo —que no protocolario— para acceder a la función, la expresión “si así no lo hiciere, que la nación me lo demande” debe tener consecuencias jurídicas. De otro modo, resultaría retórico el precepto del artículo 39: “El pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de cambiar la forma de su gobierno”, y con mayor razón al gobierno.
La vía popular o “control vertical” del poder es la revocatoria del mandato, que no implica acción parlamentaria o jurisdiccional alguna, sino exclusivamente la voluntad de los ciudadanos.
Es frecuente en los regímenes presidenciales, ya que los parlamentarios cuentan con las elecciones anticipadas para remover a los gobiernos.
Tal revocación está consagrada en cinco entidades y propuesta por varios partidos en el Congreso.
Urge su aprobación a fin de que el pueblo tenga pronto un camino más expedito para la recuperación de su soberanía.
bitarep@gmail.com