El primer ministro de Israel, Ehud Olmert (izquierda), felicita en Tel Aviv al ministro de Defensa, Ehud Barak, por el “éxito” de la ofensiva militar de su país Foto: Ap 
SR CALDERON, ESTO NO PUEDE ESTAR PASANDO EN MÉXICO.
Sobre todo cuando se defiende tanto a los valores familiares y bla bla bla
¿tomará medidas o tampoco va a poder resolver esto?
Carmen Aristegui en el 102.5 de FM, entrevistó el dia de hoy (15 DE ENERO 09) a Leticia Valdez, mamá del niño que fue abusado sexualmente, en la Ciudad de Oaxaca.Aqui van las fotos de los dos pederastas de Oaxaca, que son protegidos por el asesino Ulises Ruiz. Reenvien a sus contactos. Que no quede impune este crimen.
SR CALDERON, ESTO NO PUEDE ESTAR PASANDO EN MÉXICO.
Sobre todo cuando se defiende tanto a los valores familiares y bla bla bla
¿tomará medidas o tampoco va a poder resolver esto?
Carmen Aristegui en el 102.5 de FM, entrevistó el dia de hoy (15 DE ENERO 09) a Leticia Valdez, mamá del niño que fue abusado sexualmente, en la Ciudad de Oaxaca.Aqui van las fotos de los dos pederastas de Oaxaca, que son protegidos por el asesino Ulises Ruiz. Reenvien a sus contactos. Que no quede impune este crimen.
Ordena la SCJN librar nueva orden de aprehensión; sólo Gudiño Pelayo votó en contra
Niegan amparo a 2 maestros de Oaxaca acusados de pederastia
■ Los jueces deben subsanar fallas en procesos por agresiones a menores, señalan los ministros
■ La madre de la víctima sostiene que el gobierno de Ulises Ruiz brinda protección a los acusados
Jesús Aranda y Octavio Vélez (Reportero y corresponsal)
Ampliar la imagen En una conferencia de prensa ofrecida el 22 de febrero pasado en el Distrito Federal, Leticia Valdez, madre de un niño violado en el Instituto San Felipe, de Oaxaca, mostró fotografías de los presuntos agresores. A su lado aparece el abogado de la familia, José Bonilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó ayer el amparo que solicitaron los acusados para impedir su aprehensión, y determinó que en lo sucesivo los jueces que atiendan asuntos relacionados con abusos de menores deberán asegurarse de la correcta integración de los procesos Foto: Francisco Olvera / Archivo
En una decisión histórica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer el amparo contra la orden de aprehensión de dos maestros acusados de violar a un menor en el Instituto San Felipe, en Oaxaca.
Los ministros prácticamente asumieron la defensa de la víctima y dejaron sin efecto la actuación parcial del Ministerio Público local en favor de los acusados.
La sentencia, que no tiene antecedentes, también sentó un criterio que obliga a los juzgados, autoridades e instituciones del país a dar prioridad al “interés superior”de los menores en asuntos que los afecten.
Así, los juzgadores deberán “suplir la deficiencia de la queja” cuando, en un proceso, el Ministerio Público o incluso sus padres o abogados no actúen adecuadamente en favor de los intereses de los menores afectados.
Entrevistada al término de la sesión, la madre del menor, Leticia Valdez Martell, manifestó su beneplácito por la decisión de la SCJN; señaló que los ministros actuaron apegados a derecho, “como deberían hacerlo en todas las instancias de justicia”, y acusó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de actuar en forma autoritaria para proteger a los responsables.
Añadió que seguirá en su lucha hasta que sean castigados quienes agredieron a su hijo cuando éste tenía cuatro años (2006); denunció que sigue recibiendo amenazas y agresiones, de lo que también responsabilizó a Ulises Ruiz, y cuestionó el trabajo de los abogados de los demandados, José Eduardo Franco Jiménez y Humberto Castillejos Cervantes.
“Esta resolución protege a nuestros niños de criminales que abusan de ellos causándoles un daño irremediable, considerado de lesa humanidad. Así (la SCJN) respaldó el dicho de mi hijo y dejó de considerarlo un niño fantasioso”, agregó.
Valdez Martell dijo esperar que la decisión de la SCJN contra el amparo solicitado por Adán Salvador Pérez Ramírez y Javier Constantino o Hugo Gabriel Constantino García sea el primer paso para sentenciar a otro maestro involucrado en la violación y a la directora del plantel, quienes, aseguró, ha protegido a los mentores.
Valdez Martell denunció que Franco Jiménez pidió a su amigo Marcos Castillejos Escobar –asesinado el 9 de junio en la ciudad de México– atender el expediente del Instituto San Felipe.
“Este tráfico de influencias explicaría por qué estas personas no han sido detenidas”, apuntó.
La decisión de los ministros Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío (sólo José de Jesús Gudiño Pelayo votó en contra) tuvo un origen inédito y una resolución sin precedentes.
Inicialmente se presentó ante autoridades oaxaqueñas una denuncia por violación agravada, y al ver que el Ministerio Público local actuaba parcialmente en favor de los acusados, a quienes el menor reconoció como sus atacantes, el juez que atiende la causa libró orden de aprehensión contra dos maestros y una maestra, pero los señalados promovieron un amparo.
El juez de distrito confirmó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pero señaló que la orden de aprehensión carecía de fundamentación, porque no tomó en cuenta la agravante de que los agresores son maestros, y ordenó al juez de la causa emitir una nueva orden de aprehensión.
Esta decisión fue impugnada por los acusados y por el Ministerio Público. Ante el riesgo de que los primeros quedaran libres, en febrero la madre de la víctima solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción.
Como la mujer no tiene personalidad jurídica para hacer esta petición, la ministra Sánchez Cordero hizo suya la petición y la primera sala atrajo el caso en mayo.
Con la decisión de ayer la orden de aprehensión sigue firme y con ello se confirma que la justicia oaxaqueña tiene elementos suficientes para actuar penalmente en contra de los profesores del Instituto San Felipe.
El niño de cuatro años identificó a la profesora Magdalena García Soto, al profesor de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la propietaria del plantel, como sus agresores.
García Soto está encarcelada por complicidad en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, acusada de violación equiparada, y la defiende Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta mayo fue coordinador de asesores del titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.
Pero Pérez Ramírez y Constantino García, prófugos, así como la dueña del plantel, Yolanda León, son asesorados por ex senador priísta y ex procurador general de Justicia del estado Jorge Franco Jiménez, padre del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Franco Vargas.
Lydia Cacho
http://www.lydiacacho.net/
Hace tres meses, me buscó la madre de una de las niñas que fuera utilizada, a los 5 años, para fabricar pornografía infantil por la red de Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, de Mario Marín y Emilio Gamboa, entre otros. Con la mirada inundada de desesperanza, con la voz cansada, con la ira colgada de su pecho, me dijo que luego de casi cuatro años de abogados, de juicios, de amenazas de muerte, Succar otra vez quiere que su hija vaya a verlo y declare por enésima vez. Y la niña, ahora de quince años, habla de quitarse la vida si la fuerzan a ir al penal de La Palma a ver a su abusador; si otro juez se atreve a pedirle que narre sus recuerdos de terror infantil. Y la madre dice que si tiene que matar a alguien, pues mata, pero a su hija no la vuelven a llevar a un juzgado. Y menos aun cuando la Suprema Corte avaló la protección de Kamel Nacif Y Mario Marín, la protección a la red de pederastas y políticos que se protegen por intereses compartidos, intereses empresariales, políticos, de lavado de dinero. Pero no va a matar a nadie, volverá a su hogar a soñar que algún preso compasivo asesina al pederasta en su celda. Ese es el sueño que le permite dormir, que le da esperanza.
A esas madres se suma una más joven, de Oaxaca, llena de orgullo maternal, de dignidad, cuenta una y otra vez las historias. Su mirada muestra cómo su corazón ya está al borde del desconsuelo. Trae consigo los videos –como los traían las víctimas de la red de Succar Kuri-, lleva consigo fotografías y peritajes médicos del daño ocasionado a su bebé por los pederastas. Y habla, y habla para que su país le crea, le crea que aquello que está más que probado, mas que demostrado sí sucedió. Que lo real es cierto.
Leticia Valdez Martell, en su periplo agotador por los medios, busca con la fortaleza de una madre arquetípica, que los culpables paguen por eso que se ve en los videos, por violar bebés en una escuela y grabarles para producir pornografía infantil.
Mientras ella se atreve a decir la verdad, Ulises Ruiz da órdenes para silenciarla. Según una secretaria del juzgado de Oaxaca, hay órdenes precisas del gobernador para que el caso se dilate, para que no se sigan acumulando pruebas. Ordenes para que se apague el caso en el cuál está implicados la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, su esposo, Hugo Gabriel Constantino, su sobrino y profesor de ese centro escolar, Alan Salvador Pérez Ramírez. Pero no están solos. Han sacado ya de la Procuraduría de Oaxaca doce expedientes de casos similares con los mismos implicados pero a los cuales se suman nombres de agentes de la policía estatal de Veracruz y de Oaxaca. Personajes del PRI estatal y según las fuentes, un pedófilo perteneciente al PRD de esa entidad. Ninguno de esos expedientes tiene seguimiento; no pude averiguar si fue por amenazas a las familias o por falta de respaldo jurídico de las familias para, como suele suceder, hacer su propia investigación; o si fue por una mezcla de ambas.
Una y otra vez el periodismo nos recuerda, particularmente las televisoras con su amarillismo morboso y sus noticieros vacuos, que preguntar no es investigar. Que evitar las preguntas correctas, aunque toquen a los poderosos, no es hacer buen periodismo. Buscar todas las fuentes, escuchar a las víctimas, sí, pero a la vez utilizar sus pistas para seguir a quienes han puesto a las víctimas en semejante situación, es enterar a la sociedad de los entresijos de esa historia.
El no ir detrás de los perpetradores para investigar, no buscar y cuestionar a las redes de poder, a todos los actores de la historia, puede nulificar esa realidad y debilitarla, hasta que se convierta en parte del anecdotario de las infamias mexicanas.
Si el detalle morboso, no investigado, se repite una y otra vez durante una semana, o un mes, llega a convertirse en un elíxir inmunizante. Hasta que quien escucha cambia la estación, el canal o la página. Algunos le cambian porque no pueden más con la impunidad, otros porque no entienden que la historia de Leticia Valdez no es la de un niño violado y una madre desesperada, es la historia de un México productor de pornografía infantil, de un México donde el robo de niños y niñas se relaciona, en muchos casos, con la explotación sexual. La historia de un país donde desde el poder político y judicial los pedófilos se fortalecen, se une y celebran su poder.
Escuchar e investigar la historia de Doña Leticia Valdez, la madre del niño abusado por una red de pederastas y pornógrafos infantiles en Oaxaca, me hace pensar en ella; en sus noches oscuras, en su indignación, en su fragilidad, en sus miedos galopantes. En su esperanza.
Leticia Valdez narra una y otra vez aquél ignominioso siete de noviembre de 2006, el día en que descubrió que su hijo fue víctima de violación, cuando en el baño el pequeño se quejaba y suplicaba para no ir más a la escuela. Mientras los medios eluden el tema de fondo. ¿Por qué las otras madres y padres de criaturas violadas por el mismo clan y que producían pornografía infantil, han guardado silencio? ¿Por qué el Procurador General Eduardo Medina Mora insiste en el noticiero de Loret de Mola que las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional son casos individuales? ¿Por qué las y los fiscales especiales niegan la existencia de redes de pornografía que las y los periodistas y las propias víctimas demuestran una y otra vez que sí existen? Las redes de impunidad para los grupos criminales no se tejen en silencio, sino a la vista del país entero. Se tejen desde el poder.
Cuántas veces más Leticia tendrá que repetir: 'Él ya no quería ir a la escuela, ponía resistencia, tenía pesadillas, se escondía, y no dormía. El niño estaba aterrado. Después de ir a terapias dibujó lo que los violadores le hacían, pues lo video grabaron, ahora ya está mucho mejor'. ¿Cuantos millones de madres y padres mexicanos tendrán que salir a los medios a anunciar que abusaron de sus criaturas y que por decir la verdad están bajo amenazas de muerte?
¿Por qué el caso Valdez llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino. Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la policía estatal impidió el arresto.
El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la corte porque uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices, es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca. Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos. O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.
Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden amparados por la ley y consigan un amparo del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.
Hay que recordar el informe "Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México". En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.
El gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil "casera" como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.
El Procurador General encontrará argumentos para convertir este, como millones, en "casos individuales" de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado.
Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni Leticia, ni su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado. Ulises Ruiz y sus aliados están vigilados por la sociedad.
Niegan amparo a 2 maestros de Oaxaca acusados de pederastia
■ Los jueces deben subsanar fallas en procesos por agresiones a menores, señalan los ministros
■ La madre de la víctima sostiene que el gobierno de Ulises Ruiz brinda protección a los acusados
Jesús Aranda y Octavio Vélez (Reportero y corresponsal)
Ampliar la imagen En una conferencia de prensa ofrecida el 22 de febrero pasado en el Distrito Federal, Leticia Valdez, madre de un niño violado en el Instituto San Felipe, de Oaxaca, mostró fotografías de los presuntos agresores. A su lado aparece el abogado de la familia, José Bonilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó ayer el amparo que solicitaron los acusados para impedir su aprehensión, y determinó que en lo sucesivo los jueces que atiendan asuntos relacionados con abusos de menores deberán asegurarse de la correcta integración de los procesos Foto: Francisco Olvera / Archivo
En una decisión histórica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer el amparo contra la orden de aprehensión de dos maestros acusados de violar a un menor en el Instituto San Felipe, en Oaxaca.
Los ministros prácticamente asumieron la defensa de la víctima y dejaron sin efecto la actuación parcial del Ministerio Público local en favor de los acusados.
La sentencia, que no tiene antecedentes, también sentó un criterio que obliga a los juzgados, autoridades e instituciones del país a dar prioridad al “interés superior”de los menores en asuntos que los afecten.
Así, los juzgadores deberán “suplir la deficiencia de la queja” cuando, en un proceso, el Ministerio Público o incluso sus padres o abogados no actúen adecuadamente en favor de los intereses de los menores afectados.
Entrevistada al término de la sesión, la madre del menor, Leticia Valdez Martell, manifestó su beneplácito por la decisión de la SCJN; señaló que los ministros actuaron apegados a derecho, “como deberían hacerlo en todas las instancias de justicia”, y acusó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de actuar en forma autoritaria para proteger a los responsables.
Añadió que seguirá en su lucha hasta que sean castigados quienes agredieron a su hijo cuando éste tenía cuatro años (2006); denunció que sigue recibiendo amenazas y agresiones, de lo que también responsabilizó a Ulises Ruiz, y cuestionó el trabajo de los abogados de los demandados, José Eduardo Franco Jiménez y Humberto Castillejos Cervantes.
“Esta resolución protege a nuestros niños de criminales que abusan de ellos causándoles un daño irremediable, considerado de lesa humanidad. Así (la SCJN) respaldó el dicho de mi hijo y dejó de considerarlo un niño fantasioso”, agregó.
Valdez Martell dijo esperar que la decisión de la SCJN contra el amparo solicitado por Adán Salvador Pérez Ramírez y Javier Constantino o Hugo Gabriel Constantino García sea el primer paso para sentenciar a otro maestro involucrado en la violación y a la directora del plantel, quienes, aseguró, ha protegido a los mentores.
Valdez Martell denunció que Franco Jiménez pidió a su amigo Marcos Castillejos Escobar –asesinado el 9 de junio en la ciudad de México– atender el expediente del Instituto San Felipe.
“Este tráfico de influencias explicaría por qué estas personas no han sido detenidas”, apuntó.
La decisión de los ministros Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío (sólo José de Jesús Gudiño Pelayo votó en contra) tuvo un origen inédito y una resolución sin precedentes.
Inicialmente se presentó ante autoridades oaxaqueñas una denuncia por violación agravada, y al ver que el Ministerio Público local actuaba parcialmente en favor de los acusados, a quienes el menor reconoció como sus atacantes, el juez que atiende la causa libró orden de aprehensión contra dos maestros y una maestra, pero los señalados promovieron un amparo.
El juez de distrito confirmó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pero señaló que la orden de aprehensión carecía de fundamentación, porque no tomó en cuenta la agravante de que los agresores son maestros, y ordenó al juez de la causa emitir una nueva orden de aprehensión.
Esta decisión fue impugnada por los acusados y por el Ministerio Público. Ante el riesgo de que los primeros quedaran libres, en febrero la madre de la víctima solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción.
Como la mujer no tiene personalidad jurídica para hacer esta petición, la ministra Sánchez Cordero hizo suya la petición y la primera sala atrajo el caso en mayo.
Con la decisión de ayer la orden de aprehensión sigue firme y con ello se confirma que la justicia oaxaqueña tiene elementos suficientes para actuar penalmente en contra de los profesores del Instituto San Felipe.
El niño de cuatro años identificó a la profesora Magdalena García Soto, al profesor de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la propietaria del plantel, como sus agresores.
García Soto está encarcelada por complicidad en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, acusada de violación equiparada, y la defiende Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta mayo fue coordinador de asesores del titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.
Pero Pérez Ramírez y Constantino García, prófugos, así como la dueña del plantel, Yolanda León, son asesorados por ex senador priísta y ex procurador general de Justicia del estado Jorge Franco Jiménez, padre del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Franco Vargas.
Lydia Cacho
http://www.lydiacacho.net/
Hace tres meses, me buscó la madre de una de las niñas que fuera utilizada, a los 5 años, para fabricar pornografía infantil por la red de Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, de Mario Marín y Emilio Gamboa, entre otros. Con la mirada inundada de desesperanza, con la voz cansada, con la ira colgada de su pecho, me dijo que luego de casi cuatro años de abogados, de juicios, de amenazas de muerte, Succar otra vez quiere que su hija vaya a verlo y declare por enésima vez. Y la niña, ahora de quince años, habla de quitarse la vida si la fuerzan a ir al penal de La Palma a ver a su abusador; si otro juez se atreve a pedirle que narre sus recuerdos de terror infantil. Y la madre dice que si tiene que matar a alguien, pues mata, pero a su hija no la vuelven a llevar a un juzgado. Y menos aun cuando la Suprema Corte avaló la protección de Kamel Nacif Y Mario Marín, la protección a la red de pederastas y políticos que se protegen por intereses compartidos, intereses empresariales, políticos, de lavado de dinero. Pero no va a matar a nadie, volverá a su hogar a soñar que algún preso compasivo asesina al pederasta en su celda. Ese es el sueño que le permite dormir, que le da esperanza.
A esas madres se suma una más joven, de Oaxaca, llena de orgullo maternal, de dignidad, cuenta una y otra vez las historias. Su mirada muestra cómo su corazón ya está al borde del desconsuelo. Trae consigo los videos –como los traían las víctimas de la red de Succar Kuri-, lleva consigo fotografías y peritajes médicos del daño ocasionado a su bebé por los pederastas. Y habla, y habla para que su país le crea, le crea que aquello que está más que probado, mas que demostrado sí sucedió. Que lo real es cierto.
Leticia Valdez Martell, en su periplo agotador por los medios, busca con la fortaleza de una madre arquetípica, que los culpables paguen por eso que se ve en los videos, por violar bebés en una escuela y grabarles para producir pornografía infantil.
Mientras ella se atreve a decir la verdad, Ulises Ruiz da órdenes para silenciarla. Según una secretaria del juzgado de Oaxaca, hay órdenes precisas del gobernador para que el caso se dilate, para que no se sigan acumulando pruebas. Ordenes para que se apague el caso en el cuál está implicados la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, su esposo, Hugo Gabriel Constantino, su sobrino y profesor de ese centro escolar, Alan Salvador Pérez Ramírez. Pero no están solos. Han sacado ya de la Procuraduría de Oaxaca doce expedientes de casos similares con los mismos implicados pero a los cuales se suman nombres de agentes de la policía estatal de Veracruz y de Oaxaca. Personajes del PRI estatal y según las fuentes, un pedófilo perteneciente al PRD de esa entidad. Ninguno de esos expedientes tiene seguimiento; no pude averiguar si fue por amenazas a las familias o por falta de respaldo jurídico de las familias para, como suele suceder, hacer su propia investigación; o si fue por una mezcla de ambas.
Una y otra vez el periodismo nos recuerda, particularmente las televisoras con su amarillismo morboso y sus noticieros vacuos, que preguntar no es investigar. Que evitar las preguntas correctas, aunque toquen a los poderosos, no es hacer buen periodismo. Buscar todas las fuentes, escuchar a las víctimas, sí, pero a la vez utilizar sus pistas para seguir a quienes han puesto a las víctimas en semejante situación, es enterar a la sociedad de los entresijos de esa historia.
El no ir detrás de los perpetradores para investigar, no buscar y cuestionar a las redes de poder, a todos los actores de la historia, puede nulificar esa realidad y debilitarla, hasta que se convierta en parte del anecdotario de las infamias mexicanas.
Si el detalle morboso, no investigado, se repite una y otra vez durante una semana, o un mes, llega a convertirse en un elíxir inmunizante. Hasta que quien escucha cambia la estación, el canal o la página. Algunos le cambian porque no pueden más con la impunidad, otros porque no entienden que la historia de Leticia Valdez no es la de un niño violado y una madre desesperada, es la historia de un México productor de pornografía infantil, de un México donde el robo de niños y niñas se relaciona, en muchos casos, con la explotación sexual. La historia de un país donde desde el poder político y judicial los pedófilos se fortalecen, se une y celebran su poder.
Escuchar e investigar la historia de Doña Leticia Valdez, la madre del niño abusado por una red de pederastas y pornógrafos infantiles en Oaxaca, me hace pensar en ella; en sus noches oscuras, en su indignación, en su fragilidad, en sus miedos galopantes. En su esperanza.
Leticia Valdez narra una y otra vez aquél ignominioso siete de noviembre de 2006, el día en que descubrió que su hijo fue víctima de violación, cuando en el baño el pequeño se quejaba y suplicaba para no ir más a la escuela. Mientras los medios eluden el tema de fondo. ¿Por qué las otras madres y padres de criaturas violadas por el mismo clan y que producían pornografía infantil, han guardado silencio? ¿Por qué el Procurador General Eduardo Medina Mora insiste en el noticiero de Loret de Mola que las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional son casos individuales? ¿Por qué las y los fiscales especiales niegan la existencia de redes de pornografía que las y los periodistas y las propias víctimas demuestran una y otra vez que sí existen? Las redes de impunidad para los grupos criminales no se tejen en silencio, sino a la vista del país entero. Se tejen desde el poder.
Cuántas veces más Leticia tendrá que repetir: 'Él ya no quería ir a la escuela, ponía resistencia, tenía pesadillas, se escondía, y no dormía. El niño estaba aterrado. Después de ir a terapias dibujó lo que los violadores le hacían, pues lo video grabaron, ahora ya está mucho mejor'. ¿Cuantos millones de madres y padres mexicanos tendrán que salir a los medios a anunciar que abusaron de sus criaturas y que por decir la verdad están bajo amenazas de muerte?
¿Por qué el caso Valdez llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino. Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la policía estatal impidió el arresto.
El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la corte porque uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices, es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca. Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos. O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.
Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden amparados por la ley y consigan un amparo del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.
Hay que recordar el informe "Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México". En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.
El gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil "casera" como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.
El Procurador General encontrará argumentos para convertir este, como millones, en "casos individuales" de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado.
Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni Leticia, ni su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado. Ulises Ruiz y sus aliados están vigilados por la sociedad.
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