INFORMESPOT

Promoción personal
Jesús Cantú
Con el pretexto de que ahora existe un nuevo formato para rendir el informe de gobierno, y al amparo de una disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) cuya constitucionalidad es cuestionable, el presidente Felipe Calderón invade las pantallas televisivas durante dos semanas para promocionar su imagen y sus acciones de gobierno.

Tras la reforma constitucional de 2007, que prohíbe en el artículo 134 la promoción personalizada de cualquier servidor público, los legisladores suavizaron la disposición en una modificación al Cofipe que concede a los funcionarios públicos 13 días anuales para difundir su imagen en relación con su "informe anual de labores o gestión".

La norma constitucional señala contundente: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".

Inclusive precisa en su último párrafo que "las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar".

A su vez, el párrafo 5 del Cofipe, en lugar de garantizar el estricto cumplimiento de la prohibición de hacer propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, señala:

"Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del período de campaña electoral."

El Cofipe modifica una disposición constitucional al decidir que los promocionales difundidos con motivo de un informe de gobierno –eufemísticamente llamados mensajes– no son propaganda.

Ninguno de los actores facultados para cuestionar la constitucionalidad de la norma –es decir, cualquiera de los partidos políticos que votaron en contra de la reforma electoral–, lo hizo, y, en consecuencia, hoy la norma está vigente y los gobernantes aprovechan sus 13 días de fama pública para saturar el espectro radioeléctrico.

Además de aprovechar esta cuestionable norma reglamentaria, el presidente Calderón confunde dos conceptos fundamentales de la democracia: rendición de cuentas y estado de derecho. En el primer caso, él utiliza como sinónimos informar y rendir cuentas; en el segundo, limita el estado de derecho al combate a la delincuencia.

En el primer promocional de nueve minutos, difundido el lunes 25 de agosto, Calderón señala textualmente: "En México están ocurriendo muchos cambios; uno de ellos consiste en que el Congreso de la Unión aprobó un nuevo formato para el informe de gobierno, el cual será entregado únicamente por escrito, y ahora rendiré cuentas a los ciudadanos de manera diferente. Es por ello que ahora te hablaré, en los próximos días, sobre los temas más importantes en la vida del país. Mi propósito es informarte sobre la situación y el rumbo de México y también sobre lo que estamos haciendo para que tú y tu familia puedan vivir mejor".

Al margen de que la promoción de las acciones de gobierno –eso son en realidad los "mensajes diarios"– se da en forma de información sesgada e incompleta, cabe subrayar que la información es simplemente el primer elemento indispensable de la rendición de cuentas. Para convertirse en rendición de cuentas es preciso que, por lo menos, el presidente también justifique sus decisiones y acciones, es decir, explique las razones que lo llevaron a actuar o a decidir de una determinada manera, cuáles eran las alternativas disponibles y por qué considero que su opción era mejor que las otras.

Del mismo modo, la rendición de cuentas no abarca únicamente la obligación de los servidores públicos de informar y justificar sus actos, sino también el derecho de los ciudadanos de solicitar la ampliación de la información y cuestionar las decisiones, con la posibilidad de sancionar a políticos y funcionarios que hayan incumplido sus responsabilidades.

Así, aun concediendo que el presidente está informando a los mexicanos, faltaría que justificara sus actos, que respondiera las demandas de los ciudadanos y que fuera susceptible de ser sancionado por sus errores u omisiones.

En el promocional transmitido el miércoles 27, identificado por la Presidencia como "Estado de derecho", Calderón dedica seis minutos a hablar de las reformas legislativas para combatir la delincuencia organizada y mejorar la procuración e impartición de la justicia, del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y de las acciones de su gobierno en la lucha contra la delincuencia, para concluir: "Al consolidar el estado de derecho estamos contribuyendo a dejarle a nuestros hijos un México más ordenado y seguro en donde todos podamos vivir mejor".

Confunde, pues, la vigencia plena del estado de derecho con el combate a la delincuencia organizada. Y aunque éste sin duda es parte de aquélla, olvida que la esencia del mantenimiento de un estado de derecho es controlar y limitar el ejercicio del poder público y tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para confirmar el carácter promocional de sus mensajes, Calderón introduce –al menos en los cuatro mensajes difundidos hasta el jueves 28– el término vivir mejor, que es el programa estandarte del sexenio.

De modo que una vez concluido el rito presidencialista que se realizaba en el Congreso de la Unión, ahora el 1º de septiembre se aprovecha para promocionar la imagen y el discurso presidenciales en los medios de comunicación, particularmente en la radio y la televisión. l



Del país imaginario a la brutal realidad

En la semana previa a la entrega del segundo informe de gobierno de Felipe Calderón, mientras el presidente de la República utilizaba a la televisión para presentar un país imaginario, el crimen organizado hacía explícito su desafío al Estado mexicano y al propio presidente de la República. En vísperas de las grandes marchas en repudio a la violencia que tuvieron lugar el sábado 30 de agosto, de extremo a extremo del territorio nacional fueron colocadas visiblemente –en una acción coordinada a la perfección, sin tropiezo alguno– mantas con mensajes que denunciaban la complicidad de las autoridades –el primer mandatario, gobernadores y comandantes del Ejército incluidos– con algunos de los grandes capos del narcotráfico. Al mismo tiempo, las ejecuciones, los degollados y los secuestros se elevaban a cifras inconcebibles hace apenas algunos meses. A la retórica de "México Unido contra la Delincuencia" parece responder una realidad brutal: La delincuencia unida contra la sociedad. Todo en medio de un escenario en el que la economía está muy lejos de confirmar el optimismo presidencial y, por el contrario, se mueve al borde del despeñadero...


Otro primero de septiembre
Miguel Ángel Granados Chapa

Decir, como lo hago en el título de esta columna, que mañana lunes es otro primero de septiembre no significa sólo la obviedad de que es uno más. Digo otro en el sentido de que será diferente a los anteriores, caracterizados durante décadas por la adulación palaciega al presidente de la república, y en los años recientes por tensiones y riñas que condujeron a cancelar la lectura del mensaje presidencial ante el Congreso.

Reformadas las normas aplicables, el informe por escrito cuya obligatoriedad permanece, no será entregado por el propio titular del Ejecutivo al presidente de la Cámara de Diputados, antes de leer una síntesis de su documento y un mensaje retórico. Al mediodía de mañana, cuando no haya legisladores en San Lázaro (pues el pleno se reunirá a las cinco de la tarde), el secretario de Gobernación lo entregará a la Mesa Directiva de la Cámara. Y ya, por lo que toca a la relación entre poderes en torno del informe. Después vendrá la comparencia de secretarios de Estado a explicar los contenidos del documento en sus respectivas áreas.

El discurso que en otras circunstancias hubiera pronunciado mañana el Ejecutivo en el Palacio Legislativo, se dividió ahora en dos porciones. Una, que ha estado en curso desde el martes anterior, se forma de miniprogramas televisados –más videoclips que spots– repartidos por temas y transmitidos por la noche. Otra, un sucedáneo de la ceremonia ante legisladores, ocurrirá mañana por la mañana, cuando Calderón lea ante los medios un documento que será transmitido en cadena nacional por la tarde, como si se tratara del formato ya cancelado, con la gran ventaja de que nadie lo interrumpirá.

Ese modo alternativo de presentar el informe anual del Ejecutivo, según mi interpretación, viola la Constitución y el Código Electoral. El artículo 134 constitucional incluye, a partir de noviembre pasado, una cláusula que busca impedir la aplicación de recursos públicos a la proyección política personal. El texto nuevo dice que la propaganda que realicen los servidores públicos "en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada". La repetida aparición del presidente ante las cámaras –no las del Poder Legislativo, sino las del poder fáctico– es un inequívoco acto de propaganda personalizada. Se ha dicho en su descargo que opera en su favor la excepción que hace el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto de los informes anuales de gobierno. Éstos, dice el numeral cinco del artículo 128, "no serán considerados como propaganda" siempre que se reúnan varias condiciones Tengo para mí que esa dispensa no comprende al Ejecutivo federal, sino sólo a gobernadores y alcaldes. Así se desprende del condicionante de que la difusión de la obra gubernamental se realice "en estaciones y canales de cobertura regional, correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público". Sólo una interpretación excesiva puede implicar que, en el caso del presidente de la República, la región a cuya cobertura se refiere el texto constitucional es la federación toda: la nación que gobierna el Ejecutivo no es una región.

Por lo demás, también infringe Calderón de otro modo la nueva regla que proscribe la propaganda personalizada. El Código Electoral es terminante al disponer que "la difusión se limite a una vez al año", y el Ejecutivo está abusando al hacerlo más de esa vez. Al parecer se utiliza como subterfugio el modo en que la ley dispuso el lapso en que esa única vez ocurra: que "no exceda de siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe". Se trata de un plazo en que esa dispensa por única vez puede ser aprovechada, no que se extienda durante esos doce días.

Respecto del Congreso también será, mañana, otro primero de septiembre. Antaño, por concentrarse la atención en el Presidente, pasaba a segundo plano el hecho, central constitucionalmente, de que el Ejecutivo asistía a la apertura del período de sesiones ordinarias de las cámaras. El presidente de la de Diputados ejercía un papel subordinado, el de contestar el informe presidencial, que a menudo contenía una sarta de elogios al informante, aderezado con lugares comunes sobre la relación entre poderes, que no correspondía a la realidad, por la preeminencia del Ejecutivo. En vez de esa respuesta (que sólo excepcionalmente adquirió plena dignidad, como cuando Porfirio Muñoz Ledo habló en nombre del Legislativo ante Ernesto Zedillo en 1997), ahora el presidente de los diputados leerá la siguiente fórmula:

"El H. Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del Presidente de la república a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución".

Corresponderá iniciar esa nueva tradición al priista chihuahuense César Horacio Duarte Jacquez, que en 2006 ganó sin dificultad su curul, correspondiente al noveno distrito con cabecera en Hidalgo del Parral, con 10 mil votos de diferencia sobre su rival panista. Se trata de un político poliédrico que lo mismo ha desempeñado cargos locales en la Confederación Nacional Campesina y en su comité nacional, que en el Consejo Nacional de Comerciantes y en la Coparmex, así como en el sindicato de transportistas rurales y en la Unión Ganadera División Norte. Ya fue diputado federal una vez más (en la primera legislatura sin el PRI en la presidencia de la república) después de haber sido alcalde de Ciudad Juárez. Puesto que una nueva regla en el tricolor consiste en que los legisladores federales sean fieles a su gobernador (antes podían no serlo y hasta antagonizar con él, siempre que contaran con el favor presidencial o el de su central), el nuevo presidente de la Cámara se hizo acompañar el día de su debut, el jueves pasado, por José Reyes Baeza, que con dificultades trata de desempeñar el Poder Ejecutivo de Chihuahua. Su apoyo, en cambio, fue determinante para que Duarte alcanzara la posición que hoy tiene, en cuya gestión puede preverse sea muy eficaz, como dinámico fue en el debate legislativo en los años iniciales de la legislatura.

Duarte reemplazó a la perredista Ruth Zavaleta, que retorna a la vicepresidencia de la Mesa Directiva a pesar de los deslices de sus últimos días a la cabeza de la Cámara. Se excedió en la consideración a sí misma al organizar una ceremonia, que desbordó los límites parlamentarios y entró de lleno en el campo de su promoción personal, en que rindió su informe como presidenta de la cámara. Haber tenido como invitada de honor a la exdiputada Margarita Zavala, esposa del presidente de la república, fue una innecesaria y abusiva maniobra para ahondar su distancia con Andrés Manuel López Obrador, como integrante que es de la primera línea de mando de Nueva Izquierda. Pero sus últimos lances en la dirección camaral la dibujaron de cuerpo entero: reveló que el primero de diciembre de 2006 algunos de sus compañeros tenían consigo bombas molotov para usarlas en el caso de que se suscitara un enfrentamiento con la fuerza pública en el interior del recinto parlamentario en la sesión que se anunciaba turbulenta, y hasta añadió que esos compañeros le solicitaron el retiro de los perros llevados por el Estado Mayor Presidencial para detectar explosivos, a fin de no ser descubiertos. La revelación causó el efecto esperado: consolidar la opinión de que los legisladores perredistas son rijosos y hasta pueden incurrir en la violencia delincuencial mediante el uso de explosivos. Nada era verdad. Javier González Garza y Héctor Larios, coordinadores de las bancadas del PRD y el PAN, la desmintieron rotundamente. Ante lo cual la diputada Zavaleta tuvo que echarse atrás (dando la oportunidad a sus panegiristas de argüir presiones ilegítimas para que se desdijera) y reconocer que, irresponsablemente, había informado de algo que no le constaba y que sólo eran rumores.

Mal fin de (su) fiesta. l