Editorial La Jornada sobre el News Divine

News Divine: responsabilidades compartidas25 jun 08
La tragedia ocurrida el pasado 20 de junio en una discoteca del norte de la ciudad de México, en la que perdieron la vida una docena de personas –nueve jóvenes, tres de ellos menores de edad, dos policías preventivos y uno judicial– y resultaron heridas de gravedad varias más, ha dejado tras de sí una profunda indignación en la sociedad capitalina y nacional, en cuya percepción las corporaciones supuestamente encargadas de la seguridad de los ciudadanos son, en cambio, factores de riesgo para la vigencia de los derechos humanos y para la vida misma.
Ciertamente, los lamentables sucesos del viernes pasado no tuvieron una génesis súbita ni un responsable único; son, por el contrario, producto de la combinación de varios factores y de una cadena de responsabilidades que comienza con la falta de control por parte de la delegación Gustavo A. Madero, acéfala tras la solicitud de licencia presentada ayer por Francisco Chiguil, y en cuyo territorio operan alrededor de 80 de los llamados “giros negros”. La autoridad delegacional habría debido garantizar las condiciones mínimas de seguridad con que deben operar los lugares de esparcimiento para los jóvenes. En el caso referido, resulta incomprensible que al interior de la discoteca News Divine –inmueble con capacidad para 100 personas– se encontraran más de medio millar de adolescentes, situación recurrente, de acuerdo con los vecinos del lugar, y que las salidas de emergencia, con las que debe contar, por ley, todo establecimiento mercantil, se encontraran bloqueadas. Tampoco puede soslayarse la responsabilidad que corresponde al encargado del antro, Alfredo Maya Ortiz, por semejantes condiciones que facilitaron la tragedia.
Con respecto al operativo policial, resulta inadmisible la falta de planeación y de responsabilidad con que se desempeñaron los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) –los dos organismos que integran el programa Unipol–: es inevitable suponer que las muertes habrían podido evitarse si ambas dependencias hubiesen emprendido medidas de control y verificación previas al arribo de los efectivos policiacos a la discoteca. Por añadidura, los jaloneos actuales entre ambas instituciones se han traducido en un manejo deficiente y sesgado de la información sobre el caso, lo que impide extraer conclusiones certeras y confiables respecto de los responsables, y no contribuye, por tanto, al esclarecimiento que demandan las más elementales consideraciones humanitarias y la ciudadanía.
Por lo demás, los acontecimientos del pasado viernes ponen en perspectiva una tendencia de las corporaciones de seguridad de todo el país a descuidar las acciones de prevención en el combate al crimen y a dar prioridad a acciones que en muchos casos conllevan a la represión y la criminalización de franjas enteras de la sociedad; en el caso que se comenta, de adolescentes de bajos recursos, en su mayor parte, que conformaban la clientela habitual del establecimiento. Por lo que toca a las autoridades capitalinas, una de las consecuencias naturales de estos lamentables sucesos, además del castigo para los responsables, debiera ser la redefinición en la forma como se llevan a cabo estos y otros operativos policiales, a fin de evitar que se repitan casos como el de la discoteca News Divine.
Finalmente, y como era de esperarse, la circunstancia actual ha sido propicia para el avance de una feroz campaña mediática de linchamiento contra el titular de la SSP-DF, Joel Ortega Cuevas. Al respecto, y sin soslayar la cuota de responsabilidad que el funcionario pudiera tener en los hechos –algo que habrá de ser determinado en las pesquisas correspondientes–, cabe señalar que ese funcionario se ha destacado como uno de los más eficaces jefes de la policía capitalina en mucho tiempo y que ha desempeñado una tarea por demás valiosa en la coordinación de esfuerzos a favor de la seguridad de la sociedad, no sólo al interior de las corporaciones capitalinas, sino también con las de otras entidades, e incluso con el gobierno federal. Cabe sospechar, por tanto, que los clamores que exigen su destitución obedecen, más que a un espíritu de justicia, a un deleznable oportunismo que busca golpear políticamente a las autoridades capitalinas con una tragedia que ha embargado de dolor e indignación a 12 familias y a la sociedad en su conjunto.