Desfiladero

">Elecciones: tres lecturas del 5 de julio Jaime Avilés Hay tres maneras de anticiparse a los resultados probables de las elecciones del 5 de julio. La primera, y sin duda la más acariciable y atractiva para los jóvenes, es la que promueve la abstención total. Que nadie vote ese día. O que todos vayamos a las urnas y anulemos nuestra boleta con una consigna política, una mentada de madre o un dibujo no figurativo. Según mediciones que se hacen por aquí y por allá, si esta idea se impone la votación será inferior a 30 por ciento: hay quienes la fijan ya en 27 por ciento y exponen razones que aquí sería tedioso repetir. Supongamos, pues, que efectivamente votan 27 de cada 100 personas inscritas en el IFE en todo el país. Como el mercado electoral está dividido en tres tercios, PRI, PAN y PRD representarían, en consecuencia, cada uno, a poco más o poco menos de 10 por ciento de los ciudadanos. ¿Qué legitimidad tendría por lo tanto la próxima Cámara de Diputados? Tanta como la que le falta, por su origen fraudulento, al "gobierno" (o lo que sea) de Felipe Calderón y a las multimillonarias momias de la Tremenda Corta. Si el Poder Legislativo se deslegitima o, para decirlo de otro modo, se envilece como el Ejecutivo y como el Judicial, en medio de una crisis económica tan profunda y con un Estado evidentemente fallido, cuyos operadores son el colmo de la ineptitud, el país podría caer en una situación de ingobernabilidad "muy peligrosa", en opinión de Porfirio Muñoz Ledo, el ideólogo más radicalizado del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Muy peligrosa? Desde luego, pero también muy interesante porque podría conducirnos a la búsqueda de soluciones democráticas inéditas –el plebiscito revocatorio de mandato– o al caos. Una segunda anticipación probable a los resultados del 5 de julio se basa en la hipótesis de que triunfe la estrategia impulsada por López Obrador. ¿En qué consiste? En dar la batalla por la vía pacífica, a través del proceso electoral, en contra de tres adversarios claramente identificados: el PRI, el PAN y la corriente interna del PRD aliada a esos dos partidos y a los poderes fácticos (los medios electrónicos y otros). ¿Cómo plantea López Obrador contender en esos tres frentes de lucha? Votando por los candidatos del movimiento en defensa del petróleo, la soberanía y la economía popular, que se encuentran repartidos en las listas del PRD, el PT y Convergencia. Por ejemplo, en la ciudad de México, los simpatizantes de López Obrador tendrían que votar así: para jefes delegacionales, por los candidatos del PRD; para integrantes de la Asamblea Legislativa, también por los candidatos del PRD; para diputados federales de mayoría simple, también por los candidatos del PRD, pero ojo, mucho ojo, para diputados federales de la lista plurinominal, por los candidatos del PT. Y lo mismo en el resto del país: que en las cinco circunscripciones plurinominales el movimiento vote por los candidatos del PT. Esa es la jugada y las fuerzas tenebrosas del espuriato ya se dieron cuenta. De allí los ataques de Amalia García, gobernadora perredista de Zacatecas, y Germán Martínez, presidente del PAN, en contra de Ricardo Monreal, senador del PT (con licencia de tres semanas). De allí también la rabieta de Jesús Ortega, presidente del PRD, que se negó a difundir un espot en que López Obrador llama a votar por los candidatos del sol azteca en el Distrito Federal, en represalia porque en el resto del país el tabasqueño invita a votar por el PT y por Convergencia. ¿Qué pretende con este gambito el ex peje de Gobierno, siempre fecundo en ardides como Ulises? Varios objetivos: apuntalar, una vez más, al PRD capitalino como la fuerza más grande e importante de la resistencia civil pacífica; mantener, y de ser posible aumentar, la mayoría que Marcelo Ebrard tiene en la Asamblea Legislativa, con la ventaja adicional de que en ésta ya no habrá aliados perredistas de la fuerzas tenebrosas del espuriato, porque no ganaron candidaturas en las elecciones internas (que, para variar, fueron un asco). De acuerdo con las reglas del sistema electoral mexicano, partido que obtiene más votos recibe del Estado más dinero. En este sentido, la gambeta de López Obrador también es nítida: de lo que se trata es de aumentar los recursos oficiales del PRD capitalino y del PT en todo el país y, en la misma proporción, recortárselos al PRD nacional, es decir, a quienes valiéndose del prestigio del tabasqueño llegaron al poder con los votos del movimiento popular y, una vez allá arriba, pactaron con la derecha, hicieron la política de Calderón y se apoderaron de la estructura del partido para tratar de vencer por hambre a los seguidores de López Obrador. ¿Quién olvidará el caso de José Zamarripa, que murió en la más franciscana pobreza debido a esta trama canallesca? La estrategia de López Obrador apunta a profundizar la lucha pacífica por la vía electoral y navegar las tempestades de los tres años venideros a bordo de un barco más resistente que la cáscara de nuez podrida en que se ha convertido el PRD nacional. ¿Saldrá la resistencia civil pacífica, más allá del Distrito Federal, a fortalecer al PT? ¿Si el movimiento decide a última hora participar masivamente en las elecciones, el abstencionismo será inferior a 70 por ciento? ¿En lugar de 27 de cada 100 votarán 35 de cada 100? Detrás de estas dudas se oculta la tercera lectura anticipada de los resultados del 5 de julio: la del fraude. Antes de la contingencia sanitaria nos quedamos en que Elba Esther Gordillo y Calderón fraguaban acuerdos secretos para que los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje fueran nombrados por la líder vitalicia del magisterio, a cambio de que la profesora acarreara a sus huestes y a sus gobernadores a las urnas para fabricarle una victoria tan aplastante como artificiosa al PAN. Esa posibilidad no ha perdido su vigencia. La mala noticia, para todos, es que si el "gobierno" (o lo que sea) opta por el fraude, el fracaso de las elecciones (que para una mayoría escéptica es ya carambola cantada) nos remitirá automáticamente al escenario dibujado en la primera columna de esta página. Dicho de otro modo, si por obra y gracia de un fraude el Poder Legislativo se deslegitima como ya lo están el Ejecutivo y el Judicial, los sectores sociales que luchan por la transformación de la vida pública, de la economía y por un mejor sistema de justicia, tendrán que olvidarse de la vía electoral y organizarse para imponerle al gobierno un plebiscito revocatorio de mandato (que a la mejor Calderón también gana mediante un tercer fraude, pues como dijo Descartes, no lo descartes). A seis domingos de las elecciones, ¿habrá un abstencionismo de 73 por ciento? ¿Funcionará la compleja estrategia de López Obrador? ¿Los medios lincharán a Monreal para aplastar al PT? ¿El IFE le dará tratamiento especial? ¿El PRI le regalará votos a los candidatos de Jesús Ortega para que el PRD nacional no se hunda... más? ¿Alcanzará un fraude para fabricarle a Calderón su mayoría? ¿Aprenderá Elba Esther a leer la palabra "e-pi-de-mio-ló-gi-co"? No es una encuesta. No publiquen sus verdaderas opiniones. Recuerden que las paredes no sólo oyen, también se roban la voluntad ciudadana. jamastu@gmail.com

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Mermelada con achiote: ya llegaron las nuevas recetas para los pobres

Desfiladero
Jaime Avilés,20 Junio 08

Felipe Calderón anuncia, el miércoles 18, que gracias a un acuerdo entre los industriales y él, hasta el 31 de diciembre no volverán a subir los precios de “más de 150 productos”. Horas más tarde, Los Pinos difunde una lista de sólo “24 productos”, que no podrán aumentar hasta 2009, desglosados en 140 presentaciones, lo que es muy distinto. Se trata de una canasta de mentiras, compuesta por algunas marcas de atún, sardinas, frijoles y chiles en lata; jugos de frutas, de verduras y de soya; café soluble, té, achiote, chilorio, tres tipos de salsas para espagueti, catsup, mermelada de fresa, gelatinas, flan, sopas de camarón y gallina, perejil deshidratado, sal con ajo y pimienta verde y negra.
Calderón subraya: son alimentos de “enorme consumo popular”. Al día siguiente, Banamex lo refuta: esos productos “tienen una baja cobertura de mercado” (en otras palabras, se venden poco) y su efecto será “marginal” o sea, inútil, en la lucha contra la inflación. Además –acotan legisladores del PRI y del PRD, líderes sindicales y agrarios y ese mismo banco– ya fueron retiquetados “varias veces” en lo que va de este año: el aceite de cocina aumentó 32.6 por ciento, el atún y la sardina en lata, 7.5, la mayonesa 6, los chiles procesados 4.6, los purés de tomate, las sopas y los jugos, 3.5 por ciento, y no se esperaba que volvieran a subir antes del primero de enero.
Así que, en realidad, la medida es tan tramposa como si Calderón decretara que la luna es redonda. En los hechos, el “gobierno” ha dejado la vía libre para que se sigan incrementando los precios del maíz, el arroz, el azúcar, la leche en polvo, la harina de trigo, el pan, la tortilla, la carne de res, de cerdo, de pollo, el huevo, el pescado, el queso y, sobre todo, las verduras, que son indispensables para una alimentación balanceada.
Por si lo anterior no constituyera una prueba más de la irresponsabilidad de un demagogo obsesionado por cubrir las apariencias mientras todos los problemas se agravan, la lista de Los Pinos tiene “25 bebidas catalogadas por la Secretaría de Salud (Ssa) como riesgosas” para el cuerpo humano. Se trata de 11 jugos de ocho verduras con alto contenido de sodio y 19 falsos jugos de fruta, elaborados en realidad con soya y saborizantes artificiales, que presentan altas concentraciones de dulce y, según la propia Ssa, explicó Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, “pueden provocar obesidad y diabetes”.
No por nada, México es ya el segundo país con mayor número de personas obesas en el mundo, después de Estados Unidos, cuyos hábitos alimenticios ahora son también los nuestros. Comemos chatarra todos los días y al hacerlo, además de autodestruirnos, multiplicamos la escandalosa riqueza de quienes de tantas otras formas nos humillan. A lo largo del año pasado, por ejemplo, las empresas de la familia Servitje, que monopolizan el mercado del pan de caja y los bizcochos en papel celofán, obtuvieron ganancias por “46 mil 500 millones de pesos”, escribe Miguel Ángel Velázquez en su Ciudad Perdida de ayer.
Pero mientras los “ganadores” de las elecciones de hace dos años continúan despachándose con la cuchara más grande, las consecuencias de sus nefastas políticas se hacen cada día más evidentes. Véase el caso de Sinaloa, entidad que este año, además de la violencia del narcotráfico y la incompetencia y la corrupción de su gobierno local, está resintiendo los estragos del embargo estadunidense al tomate mexicano, al que los inspectores sanitarios del gobierno de Bush acusan de estar contaminado de salmonelosis.
Pues bien, anteayer, en Culiacán, capital del estado tomatero por excelencia, de acuerdo con la nota del corresponsal Javier Valdez Cárdenas, “el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) eliminó la carne de los 57 mil 400 desayunos escolares calientes que distribuye diariamente en zonas marginadas” del estado. Y agrega el reporte: “La presidenta del organismo, Rosalía Camacho, informó que ante el incremento en los precios de los productos de la canasta básica, como carne, res, pescado y pollo, el DIF estatal los sustituirá por soya y vegetales”.
En Sinaloa, agrega la nota, “los precios han registrado un aumento (en algunos casos) cercano a 200 por ciento. El litro de aceite, de la marca más económica, por ejemplo, pasó de ocho a 22 pesos”, mientras el arroz saltó de siete a 14 pesos, el frijol de 15 a 28 pesos y la carne de 70 a 78 pesos; la docena de huevo de 14 a 20 pesos y el jamón de pavo de 90 a 130 pesos. ¿Quiénes pagarán, primero que nadie, el costo de la crisis que Calderón prometió que no vendría? Claro, los niños de las franjas económicas más deprimidas, los que siempre han tenido y están condenados a tener hambre.
¿Qué hacer con los pobres? ¿Para qué alimentarlos con proteínas cuando solitos pueden cebarse con bebidas de soya y edulcorantes que los pongan como Agustín Carstens? En sólo dos cines de la ciudad de México –¿para qué más?– están dando una película que explica muchas cosas: se llama La gran venta, y habla de la privatización de la salud en Filipinas. Hay una imagen que lo dice todo: un hombre agoniza en un hospital de quinta mientras su hijo apachurra una botella de plástico, una y otra vez, para llenarle de aire los pulmones y evitar que se muera. La moraleja es implacable: al planeta le sobran 3 mil millones de personas. La misión de los privatizadores es eliminarlas de la manera más expedita. Si no tienen con qué pagar su residencia en la Tierra, que se vayan: que se pudran.
Y a propósito de la gran venta de Pemex, Conny Arias manda una colección de noticias frescas, cuyos títulos sintetizan muy bien cómo van las cosas. Transcribo: “Atraer inversionistas privados, reto de la reforma energética en México: Greenspan”, “Destaca la prensa el ‘evidente’ interés de España por Pemex”, “Felipe, ‘vasallo de la corona’, califica AMLO”, “Calderón: sólo digo que falta debate técnico”, “Juan Camilo Mouriño prevé que la reforma energética será dictaminada tras los foros de discusión”, “Apoya la IP a Calderón en torno al debate”, etcétera. Sólo cabría agregar: Jesús Reyes Heroles exhorta a los senadores a “hacer su chamba” a más tardar en agosto (durante los Juegos Olímpicos, como no hemos dejado de anticiparlo aquí).
En vía de mientras, mañana, en Puebla, la compañía de Magda Peña invita al “estreno mundial” de El Loro Negro, en el Parque del Triángulo de la ciudad camotera, donde habrá una gran verbena desde las 10 de la mañana, y música a cargo de Shka María Pastora y Tritone Matarraya.

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Y también vienen por el agua...

Habitantes de Saltillo "mueren de sed" a causa de trasnacional
Jaime Avilés I/Enviado

Firma española impone su ley en sistema hídrico local
Saltillo, Coah., 14 de junio. ¿Por qué se están secando los árboles y los prados en los jardines públicos de esta ciudad? La respuesta en la calle es unánime: porque la "dueña" del agua –es decir, la trasnacional Aguas de Barcelona, que opera aquí desde octubre de 2001– pide, por regar los parques, una cuota mensual de 100 pesos, tres veces más alta que la del consumo doméstico (35 pesos), y como la gente se niega a pagarla los deja morir de sed.

"Hemos llegado a tal extremo que por instalar una toma de agua en una casa recién construida, (los europeos) cobran lo que vale todo el terreno", denuncia el obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera López. Ellos "controlan 49 por ciento de las acciones (del sistema hidráulico local), pero imponen todas las decisiones y nadie, ni el municipio ni el gobernador (Humberto Moreira), les dice media palabra", afirman a su vez los esposos Gloria Tobón y Rodolfo Garza, directores de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), que pugnan por la expulsión de la empresa extranjera.

Enclavada en los desiertos del noreste mexicano, con cerca de 700 mil habitantes, Saltillo le debe su nombre al agua. Pese a que fue fundada en un valle donde hacia 1570 abundaban los manantiales en torno de una cascada o "salto de agua", que en realidad resultó ser un "saltillo", a finales del siglo XX la capital de Coahuila enfrentaba graves problemas para hidratarse. De cada mil litros extraídos sólo 460 llegaban a los usuarios, y de cada mil litros facturados la autoridad cobraba apenas 650.

Fue entonces cuando Óscar Pimentel, el alcalde priísta que gobernó de 2000 a 2003, anunció que la solución del problema consistía en "asociarse" con una empresa extranjera para "fortalecer sin privatizar" el Sistema Municipal de Aguas de Saltillo (Simas). Toda similitud con las iniciativas calderónicas para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), dicen los esposos Garza Tobón, "es mera coincidencia".

Pimentel –sintetizan– contrató a la firma Freese Nichols para que sentara las bases de la licitación. Ésta propuso que el juez de la misma fuera la sociedad Arthur Andersen, asesora contable de la trasnacional Aguas de Barcelona (Agbar). Con el respaldo del gobernador coahuilense de entonces, Enrique Martínez, el alcalde garantizó la "transparencia" del proceso.

Aunque se habló de que había ocho empresas interesadas en el concurso, únicamente Agbar hizo una oferta. Arthur Andersen había fijado un mínimo de 80 millones de pesos y Agbar pujó con 81.9 y ganó de inmediato, sin competir con nadie. De este modo obtuvo 49 por ciento de las acciones de Simas, no obstante que el valor en libros de esa entidad era de 453 millones de pesos.

La trasnacional "adquirió la mitad del sistema municipal de aguas pagando menos de la cuarta parte de lo que valía. Y aunque el ayuntamiento aún posee 51 por ciento de las acciones, los extranjeros toman todas las decisiones y hacen y deshacen a su antojo, aplicando medidas que violan las leyes estatales y la Constitución del país", reiteran los líderes de la AUAS, especialistas en cuestiones ambientales.

En junio de 2003, durante una visita a Saltillo como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), recuerdan, "Felipe Calderón vino a decir que el fortalecimiento del sistema de agua potable era 'un caso de éxito' y que debía servir de ejemplo a otras ciudades del país, cuando en realidad Agbar ha tenido que irse de Argentina, Uruguay y Brasil, y están tratando de correrla de Colombia y de Chile, por los mismos abusos que está cometiendo en Saltillo".

Rodolfo Garza, ex secretario de Ecología del gobierno estatal, narra que no hace mucho estuvo en Barcelona, en las oficinas del director de la trasnacional, y vio "un estante con por lo menos 20 carpetas, rotuladas con los nombres del mismo número de ciudades mexicanas, entre ellas Morelia, Querétaro, Monterrey, Aguascalientes y otras. En el caso de Morelia, supe que Aguas de Barcelona y el municipio (de la capital de Michoacán) tienen un convenio para que dentro de tres años, cuando el sistema local de agua potable empiece a operar con equilibrio financiero, es decir, con números negros, se consume la privatización".

Hace dos años, relata por su parte Gloria Tobón, "la empresa impuso una cuota mensual de 100 pesos a cada usuario para regar los parques y jardines públicos. Como la gente protestó, porque era tres veces más alta que el pago del consumo doméstico, pues simplemente dejaron que los parques y los árboles se secaran, pese a que su conservación es una tarea que por ley corresponde al municipio".

Sin embargo, añadió, "aquí las leyes locales, estatales y federales no cuentan para los extranjeros. Saltillo es la única ciudad del país que no tiene campañas para fomentar el ahorro de agua, y desde que llegó la trasnacional dejaron de vender todos los artefactos que servían para economizarla, y eso que estamos en medio del desierto. Lo único que les importa es ganar, pase lo que pase", subraya.

Para el obispo Vera López, quien concedió una amplia entrevista sobre el tema, "la privatización del agua de Saltillo nos dice mucho acerca de lo que quieren hacer con Pemex". La Iglesia católica, anticipa, "está muy preocupada, pues considera que la pobreza, la discriminación, la injusticia que sufren los migrantes en todas partes y el deterioro ambiental, (es algo que) se origina en el nuevo capitalismo que ha llevado al mundo a la crisis que estamos viviendo".



Trasnacional viola en Coahuila el derecho humano al agua
El incremento en las tarifas triplica la inflación en el estado: AUAS

Jaime Avilés/ II (Enviado)

Saltillo, Coah., 15 de junio. “Si te cortan el agua porque dejaste de pagar 100 pesos, te cobran 300 por la reconexión. Si haces tu casa, pero la tubería corre por debajo de la banqueta de enfrente, te exigen 10 mil pesos por conectarte a la red mediante un tubo que cruce la calle y si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te den la toma de agua, porque ellos calculan sobre el tamaño del predio, no de la vivienda. En todos los casos, si no aceptas, te amuelas porque no tienes ante quién quejarte”, explican Gloria Tobón y Rodolfo Garza, líderes de AUAS (Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo), al detallar los abusos más frecuentes de Aguas de Barcelona (Agbar), la trasnacional que en 2001 se apoderó del sistema hídrico de la capital de Coahuila.

Todo lo anterior es consecuencia, abundan, de una licitación “a la medida de Agbar”, que provocó de inmediato una serie de hechos oscuros. Rodolfo Garza precisa: “Ocho días después de ganar el contrato que le permitió adquirir 49 por ciento del Simas (Sistema Municipal de Agua de Saltillo), Agbar formó una nueva empresa, integrada por una sociedad que en ese momento fue constituida al vapor –Interaguas de México–, a la que revendió 49 por ciento de sus acciones de Simas, para fundar Interagbar de México. Y ésta, asociada al municipio, entró en operación como Aguas de Saltillo (Agsal)”.

Sin embargo, añade el ex secretario de Ecología del gobierno estatal, Interaguas de México “es todo un misterio. El Archivo General de Notarías se niega a revelar quiénes son sus socios. Nosotros sabemos, con los datos en la mano, que fue constituida como sociedad mercantil mexicana el 25 de julio de 2001, mediante la escritura 87825, que quedó inscrita en el libro 3075, folios 2772 a 76, de la notaría pública 103 del Distrito Federal, y que el 2 de agosto de 2001 obtuvo el asiento 214640 del Registro Público de la Propiedad. Lo que desconocemos, insisto, es quiénes la constituyeron, porque no nos permiten ver ese documento”.

Rodolfo Garza especula: “¿A qué obedece tanto secreto? ¿Debemos pensar que los socios de Agbar son políticos muy importantes en Coahuila, o será que están encubriendo a funcionarios de la pasada administración de Vicente Fox?”

La doctora Gloria Tobón agrega: “al constituirse Aguas de Saltillo (Agsal), en los documentos legales se especificó que el presidente municipal y un representante del gobernador serían parte del consejo de administración de la empresa, para controlarla en su carácter de socios mayoritarios, pues el estado tiene 51 por ciento de las acciones. Pronto se vio que esto era una burla”.

Agsal, prosigue, “fue conformada como una empresa mixta, con predominio de la Nación, pero a los pocos meses el gobernador y el presidente municipal fueron sustituidos en el consejo de administración por ejecutivos de General Motors y Apasco, las dos trasnacionales más poderosas que hay en Coahuila. Con esta medida, el estado perdió soberanía ante Aguas de Barcelona y los usuarios quedamos indefensos”.

Éste, coinciden los líderes de AUAS, “fue el comienzo de una serie interminable de atropellos”. Pese a que el artículo 121 de la Ley General de Salud, y el 101 de la Ley Estatal de Salud “prohíben que se le suspendan los servicios de agua potable a los edificios habitados”, Agsal promovió ante el Congreso de Coahuila una reforma al artículo 84 de la Ley de Aguas, y logró que éste quedara con la siguiente redacción: “si la mora en el pago es de tres meses, se suspenderá totalmente el suministro de agua”.

A raíz de este cambio, enfatiza la doctora Tobón, “Agsal obligó a los usuarios a ponerse al corriente en sus pagos, violando en la práctica el derecho humano al agua, reconocido por México en diversos tratados internacionales, al quitarles totalmente el abasto de líquido a un sinúmero de personas”.

En 2005, “el número de cortes fue de casi 38 mil, y en 2006 de más de 35 mil, con lo que Agsal mantuvo su eficacia de cobranza en 97 por ciento, es decir, logrando que los usuarios pagaran por el consumo de 970 de cada mil litros de agua facturados”.

Para optimizar sus ganancias, dice el doctor Garza, “Agsal unificó las tarifas de los usuarios, que estaban escalonadas de acuerdo con el nivel económico de la zona en que vivían. La ciudad estaba dividida en 16 zonas, pero Agsal las redujo a 10, afectando a los más pobres, y además comenzaron a subirnos las cuotas mensuales muy encima de la inflación”.

Garza continúa: “Agsal se comprometió a respetar una norma municipal, en el sentido de indexar los precios del servicio de acuerdo con la inflación. Sin embargo, en 2007, la inflación reportada fue de 6 por ciento, pero Agsal aumentó las tarifas más de 20 por ciento. Y por si esto fuera poco, se sacó de la manga otra regla: cobrar por metro cuadrado, calculando sobre el valor del terreno, no de la vivienda, de modo que si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te instalen la toma de agua, y así el agua te sale más cara que la casa”.

“Esto es increíble, ¿verdad?”, pregunta la doctora Tobón, indignada. Y contesta: “Pues hay muchas, muchas tropelías más, porque no hemos hablado de lo que Agbar le defrauda a Hacienda…”